Artículo de Marta Loza Arcusa. Abogada ICAB 23535

La reciente sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 3 de abril de 2024 (STS 1861/2024 - ECLI:ES:TS:2024:1861) rescinde las sentencias dictadas por el juzgado de lo social de Girona y el TSJCat. y aclara la situación de aquellas uniones estables que se consideraban como parejas a efectos de acceder a la pensión de viudedad, conforme a la legislación vigente anterior a la STC 40/2014, de 11 de marzo de 2014.

La sentencia del Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el párrafo 5º del artículo 174.3 de la antigua LGSS 1/1994, de 20 de junio, que establecía que en las comunidades autónomas con Derecho Civil propio, la consideración de pareja de hecho y su acreditación se llevaría a cabo conforme a lo establecido en su legislación específica.

Posteriormente se ha modificado la LGSS, y en concreto la prestación de viudedad por parejas de hecho, que ahora se encuentra en el artículo 221 de la LGSS ha sufrido dos modificaciones posteriores.

La Sentencia del Tribunal Supremo abre la puerta a reclamar a las parejas de hecho que conforme a la legislación anterior a la supresión de dicho párrafo hubieran podido beneficiarse de su consideración como uniones estables de pareja conforme a la norma autonómica, pero que no tuvieron la oportunidad de regularizar su situación una vez modificado el artículo por la sentencia del TC por imposibilidad de hacerlo al muere la pareja causante.

No se trata pues de una equiparación a todas las parejas de hecho. Aquellas parejas que pasados ​​dos años desde la sentencia del constitucional no regularizaron su situación y no se inscribieron en el registro correspondiente o no formalizaron su relación siguen sin tener acceso a la prestación.

El tema de los derechos de las parejas de hecho no inscritas o no formalizadas es compleja, pero no podemos obviar que existe una clara diferencia que provoca una grave discriminación respecto a los matrimonios y las parejas de hecho sí inscritas, solución que fue objeto de amparo por aquellas legislaciones civiles autonómicas más acordes con la realidad social pero que fueron declaradas inconstitucionales.