El vicepresidente de la Sociedad Catalana de Abogados de Familia (SCAF), Ramon Quintano, ha acusado, durante la Jornada de Eivissa, al Gobierno español de «incumplir su propia norma» por no fomentar la creación de juzgados de familia en toda España. Según detalló, la última estadística del 2019 refleja que uno de cada cuatro procesos judiciales correspondían a asuntos de familia, implicando a 3,5 millones de personas, pero «más de la mitad de la población sigue sin tener acceso a una Justicia especializada y eso es gravísimo», ha lamentado.

Quintano recordó que la Ley de protección integral de la infancia y la adolescencia disponía que "en el plazo de un año", el Gobierno debe garantizar "la especialización dentro del orden jurisdiccional civil en infancia, adolescencia y capacidad ". Este plazo terminaría el 24 de junio, pero el pasado abril el propio Ejecutivo aprobó dos proyectos de ley que limitan la creación de estas secciones de familia "cuando se estime conveniente" en función de la carga de trabajo.

En cambio, sí se crearán «tribunales mercantiles, por lo general, en todos los juzgados de instancia». «Es decir, el Gobierno protege mucho más a las empresas que a las familias», ha sentenciado.