La Sociedad Catalana de Abogados de Familia (SCAF) ha recogido las respuestas profesionales de sus socios, abogados de familia, en una encuesta reciente para valorar los cambios impulsados por el Gobierno de la Generalitat en la reforma de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), ahora reconvertida en la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). El resultado es claro: hay un rechazo prácticamente unánime al actual sistema de desamparos y una llamada colectiva a una reforma profunda, con más garantías jurídicas y transparencia.

Solo el 17% de los abogados considera adecuado que sea la administración quien tenga la competencia para declarar el desamparo y retirar la custodia sin intervención judicial previa. En cambio, más del 82% lo considera inadecuado, y un 98% defiende la necesidad de una resolución judicial antes de ejecutar cualquier retirada, siendo esta consideración “siempre necesaria” para un 82% y admitida en “determinados supuestos” por un 15,5%.

La falta de garantías legales es una preocupación recurrente. Un 83% de los encuestados considera que solo un 20% de las retiradas llegan a los juzgados, lo que supone un déficit grave de control jurisdiccional y deja a las familias desamparadas. El 76% declara haber visto casos en los que la retirada de la custodia se ha hecho sin suficientes garantías legales ni información clara a las familias, y más del 70% denuncia haber recibido un trato malo o muy malo por parte de la administración, sin información suficiente del proceso de sus clientes.

El perfil y la formación de los operadores jurídicos también genera consenso: el 92% de los abogados considera que los jueces que intervienen en estos casos deberían tener formación específica en infancia y adolescencia. Al mismo tiempo, el 84% considera que el papel de los abogados debería incluir no solo el asesoramiento a familias e infantes, sino también la participación en las comisiones de evaluación previa y la defensa judicial de los derechos implicados.

Los comentarios cualitativos recogidos en la encuesta refuerzan estos datos y ponen voz a una realidad que muchos profesionales califican de dramática. “Es un desastre integral. No se respetan los derechos ni de los niños ni de las familias”, dice un abogado. “El poder absoluto de la DGAIA da miedo y sus funcionarios no aplican criterios normales”, añade otro. La falta de transparencia, según una letrada, genera situaciones en las que “la DGAIA se reúne sola con las familias y les hace firmar papeles que incluyen consentimientos a medidas graves, sin abogado y sin entender las consecuencias”.

Varios profesionales denuncian la falta de preparación jurídica de los técnicos de los EAIA: “Están formados por personal insuficiente y sin formación jurídica, lo que comporta errores que pueden perjudicar gravemente a los menores.” También se cuestiona el papel de los centros de acogida: “Están saturados, con pocos profesionales y con una gestión muy mediocre y carísima. Habría que fomentar la acogida familiar con mejor formación y apoyo”.

Otra crítica compartida es la falta de imparcialidad y la indefensión de las familias: “Cuando se judicializa un caso, el juez pide el informe al centro, que depende de la misma DGAIA. No hay imparcialidad”, apunta un abogado. “El mismo organismo que retira la tutela no puede ser quien hace el seguimiento. Hay un conflicto de intereses claro”, concluye otra voz. “Muchas familias actúan desde el miedo, no desde la búsqueda de una solución para el retorno”, alerta.

La presidenta de la SCAF, Mercè Mira, ha afirmado que “esta encuesta es una toque de atención. La protección de los menores no puede ejercerse sin garantías, sin control judicial y sin respeto a los derechos fundamentales de las familias. Se necesita una reforma de arriba abajo del sistema”.

Con estos datos, la SCAF pide una intervención institucional urgente y ofrece toda su experiencia para contribuir a un sistema de protección de infancia más justo, transparente y eficaz.


(en la foto, la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo explica en el Parlament que se suprime la DGAIA para abrir la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y Adolescencia (DGPPIA).